Durante el solemne acto de Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, el Administrador del Estado Argentino, Sergio Milei, ha hecho eco una vez más de la línea histórica mitrista, atlantista, antihispanista, anti-federal y pro-británica en la que se ha encolumnado.

La comunidad humana se basa en la interacción, la comunicación y la toma de decisiones colectivas. El sentido común, definido como el conocimiento práctico y la lógica intuitiva que guían nuestras acciones cotidianas, es fundamental para el funcionamiento equilibrado, armonioso y en su justa medida de cualquier comunidad. Sin embargo, en ocasiones, este sentido común parece desvanecerse, dejando a la comunidad vulnerable a una serie de problemas. ¿Qué factores contribuyen a esta pérdida y cuáles son sus consecuencias? Son variados y depende de cada contexto cultural, en Argentina, podemos mencionar:

En toda tiranía se manipula la percepción de la realidad para mantener el control sobre la población. En un régimen tiránico, la verdad se convierte en una entidad esquiva y maleable, moldeada según los intereses del poder establecido.

El constante debate en torno al papel y la estructura de los aparatos del Estado en la comunidad contemporánea ha adquirido una relevancia crucial debido a los desafíos que enfrentamos en nuestra organización político-social. En este contexto, se destaca la dualidad centralismo/intervencionismo y descentralización/subsidiariedad (en términos históricos diríamos unitarismo o federalismo), dos enfoques dominantes del panorama político argentino, generando la necesidad de explorar modelos alternativos capaces de responder a las demandas de legitimidad y enfrentar la crisis económica y social derivada del agotamiento del régimen centralista imperante desde 1861, a pesar de lo dispuesto por nuestra Ley Suprema en su art. 1°.
El centralismo, basado en esquemas del pasado, intenta mejorar la eficiencia del estado a través de reformas administrativas sin modificar sustancialmente su relación con la comunidad. Por lo tanto, sus políticas públicas siguen arrojando resultados limitados, debido en parte a una comprensión inadecuada de las complejidades de las organizaciones públicas con lo privado y lo civil y a estrategias poco efectivas para operar en una realidad tan dinámica como las del S.XXI. Por otro lado, al adoptarse un régimen de carácter liberal, sin modificar el diseño centralista de poder, se ha promovido un estado mínimo, fundamentado en la desregulación y la privatización, ignorando la necesidad de satisfacer las demandas sociales y preservar la estabilidad política.

Ante estas restricciones y limitaciones, surge el concepto de Estado descentralizado como un nuevo paradigma que busca redefinir la relación entre lo público y lo privado. Este modelo implica un sistema complejo de instancias estatales interrelacionadas, donde el poder y los recursos se distribuyen para permitir una interacción más directa con la comunidad. En este marco, los gobiernos municipales, provinciales y nacional desempeñan roles complementarios, cada uno con responsabilidades específicas en la formulación y ejecución de políticas públicas de carácter eminentemente federal.

El Estado descentralizado no solo vigoriza la democracia, la república y el federalismo, también, fortalece a la comunidad civil, limita el régimen presidencialista, promueve la participación vecinal y contribuye al desarrollo económico al movilizar recursos y promover emprendimientos regionales. Sin embargo, la descentralización enfrenta desafíos, como la resistencia de los intereses centralistas y el riesgo de desnaturalizar su objetivo al servicio del status quo.

A pesar de estos obstáculos, la descentralización política se presenta como una vía razonable para abordar los problemas actuales de la comunidad civil y los aparatos del estado. Su implementación política, garantizada por nuestra Ley Suprema, requiere un amplio consenso social y capacidades técnicas para superar obstáculos y aprovechar oportunidades.

En este escenario, resulta imperativo reorganizar al Estado provincial bonaerense, descentralizando, descongestionando y desburocratizando sus órganos administrativos, optimizándolos para una administración pública más eficiente, transparente y orientada a constituir un Estado más ágil, cercano y comprometido con el bienestar de los bonaerenses. Este enfoque permite una gestión más eficiente y coordinada de los recursos públicos, al tiempo que simplifica los procedimientos administrativos y reduce la burocracia y los costos operativos.

En última instancia, el Estado provincial bonaerense descentralizado y descongestionado, dentro de un esquema regionalista, representa un intento de resolver las tensiones entre unitarismo y federalismo, buscando un equilibrio que garantice tanto la eficiencia del estado como la satisfacción de las necesidades sociales y la consolidación democrática. En este sentido, se destaca la importancia de explorar y promover modelos de gobierno innovadores que puedan adaptarse a las demandas cambiantes de nuestra comunidad en constante evolución.

Luis Gotte
La pequeña trinchera
Co-autor de "Buenos Ayres Humana, la hora de tu comunidad" Ed Fabro, 2022;
y "Buenos Ayres Humana II, la hora de tus Intendentes" 2024.
En preparación "Buenos Ayres Humana III, la hora del regionalismo municipal".
Mar del Plata
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La historia de la provincia de Buenos Ayres ha sido marcada por una serie de decisiones y eventos que han moldeado su desarrollo político, social y económico. Sin embargo, en retrospectiva, es evidente que se han cometido errores significativos que han impactado en su organización y funcionamiento. Desde la supresión temprana del Cabildo (1821) como primera experiencia de gobierno local, hasta la centralización de la población en el Gran Buenos Ayres, pasando por la ubicación de la capital provincial cerca de la capital nacional y la persistencia de legislaciones heredadas de la dictadura militar, la provincia enfrenta desafíos que requieren soluciones políticas urgentes.

El 14 de marzo de 1877, en Southampton, Inglaterra, se extinguía la vida de uno de los protagonistas más controvertidos y emblemáticos de la historia argentina: Juan Manuel de Rosas. Su fallecimiento marcó el fin de una era y el inicio de un intenso debate sobre su legado, su papel en la historia nacional y su relación con el federalismo, la soberanía y el amor al pueblo.

La provincia de Buenos Ayres es la más grande y poblada del país, con más de 18 millones de habitantes y un territorio de casi 308 mil km2. Es también la más diversa y rica en recursos naturales, culturales, productivos y humanos. Sin embargo, es también la más postergada y discriminada por el gobierno central, que le quita fondos, servicios y representación política

En el vasto tejido bonaerense, se entrelazan la riqueza natural, cultural e histórica con los desafíos sociales, económicos y políticos que enfrentamos como comunidad. Esta provincia, llena de potencial y diversidad, se encuentra en un momento crucial de su historia, donde la necesidad de una conducción política ética y comprometida con el bien común es más evidente que nunca. Sin embargo, no basta con esperar cambios desde arriba; es imperativo que cada vecino bonaerense se convierta en un agente activo de transformación, fortalecido a través de la educación política y la participación cívica.

“si no podemos levantar auspicios, se complica…Por ahí se puede hacer alguna colaboración solidaria...Por ahí, alguno nos quiere ayudar…pero, los compañeros quieren cerrar” Luis, conductor radial de la ciudad de Lobos, Bs.As.

La provincia de Buenos Ayres enfrentará un escenario estrepitoso impulsado por la administración liberal en el Sillón de Rivadavia, que intentará reducir su peso político en el marco de un nuevo centralismo político, de carácter mesiánico. El proyecto oficialista consistiría en detonar, doblegar o dividir la provincia en dos o más entidades, con el fin de quitar poder político a la oposición anti-liberal, restándole recursos como la prestación de servicios públicos.