Imaginación y literatura fantástica (Ediciones HCDN)

Imaginación y literatura fantástica (Ediciones HCDN)
04 Nov
2019

En estos días ardieron las redes de aquellos profesionales ligados las fuerzas de seguridad, ya que se dio a publicidad un proyecto de Ley para crear la Policía Democrática Nacional. Lleva el número 0446-D-2019 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, busca reemplazar a la Policía Federal Argentina, y es de autoría de la diputada Victoria Donda.

A mi entender, y exponiéndolo con claridad, el cambio de nombre y funciones de una fuerza de seguridad no puede estar desconectado de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Nacional, Plan Estratégico o como quiera denominarse. Nuestros gobernantes, pasados y recientemente electos, nada han manifestado al respecto.


Realizando un análisis detallado junto a mi equipo, no encontramos mayores disensos con los artículos 1 al 6. Sin embargo, en los siguientes apartados se generarían ciertas obligaciones normativas que merecen un mayor cuidado al legislar.


En el artículo 7, por ejemplo, se manifiesta que "El personal policial no guardará deber de obediencia cuando la orden de servicio impartida sea manifiestamente ilegítima y/o ilegal, o su ejecución configure o pueda configurar delito, o cuando provenga de autoridades no constituidas de acuerdo con los principios y normas contenidos en la Constitución Nacional".


En este aspecto, acordamos con la necesidad de cumplir con el requisito de legalidad. Ahora bien, ¿qué significa “ilegítimo”? Cada policía en funciones debería ponerse a determinar si la orden de un superior jerárquico es “ilegítima”. Para el servidor público la orden emanada, salvo que fuera ostensiblemente “ilegal”, se debe llevar a cabo. Y no creo que debamos poner a un policía a decidir en el momento qué es legítimo y qué no.


En el artículo 16, se le da a cada integrante de la nueva fuerza la responsabilidad de interpretar qué leyes y (peor) reglamentaciones quiere cumplir o no. En el Capítulo IV, “Derechos, obligaciones y declaración jurada de bienes y rentas” del personal policial se señala: " 2. No cumplir órdenes que constituyan violación de la Constitución, de las leyes o de los reglamentos que en su consecuencia se dicten".


En nuestro país, lamentablemente, el desorden y falta de actualización de la normativa provocaría situaciones insólitas –y muy peligrosas-. Para dar un ejemplo, la Ley 25.345 de Evasión Fiscal, aún vigente, nos impide hacer cualquier transacción mayor a mil pesos ($1.000) en forma de contado billete; debe realizarse por CBU, tarjeta de crédito, débito, cheque, etc. Es decir, desde lo ridículo, no sólo cualquier persona o empresa que hoy pague un monto mayor a $ 1.001 debería ser sancionada, sino que eso transforma al mismo billete de $ 1.000 en ilegal (salvo que siempre que alguien pague con él, otro le devuelva $ 1). Si se emite un billete de $ 2.000, todos seremos individuos violando la ley, y cada policía puede detenernos según considere.


La pregunta que deberíamos hacernos, es cómo adaptar una Fuerza de Seguridad nacional, que tenía como objeto custodiar la Capital Federal, a un siglo XXI donde convive con otras tres fuerzas federales, 24 policías provinciales, y delitos de un nivel de sofisticación mucho más complejo que el de sus orígenes.


Un diagnóstico, visión integral y plan de acción sobre la Seguridad Pública es algo que nuestra sociedad no encaró, aun existiendo ejemplos exitosos en países cercanos. Y la existencia de una Agencia Nacional Antinarcóticos especializada y profesional me parece un objetivo más urgente que cambiar nombres a las fuerzas actuales y convertir a cada policía en evaluador de las órdenes que recibe.


Por Jorge Luis Vidal

Jorge Luis Vidal es especialista en Gestión Pública de la Seguridad. Formado en Colombia. Analista en Inteligencia Delictual 

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