Cuando se implementa la IA en el sistema judicial, deben tenerse en cuenta varias consideraciones éticas, como la imparcialidad, la transparencia y la responsabilidad. Es crucial garantizar que los sistemas de IA no perpetúen los prejuicios existentes ni introduzcan otros nuevos. Además, debe haber una clara rendición de cuentas por las decisiones tomadas con la ayuda de la IA, y los procesos deben seguir siendo transparentes para mantener la confianza pública en el sistema judicial.
Desde hace varios años, países como China, Estado Unidos, en incluso algunos más cercanos como Colombia han hecho uso de la IA en diversos procesos judiciales, y es que la IA tiene el poder de agilizar muchos aspectos, desde el análisis de documentos y la revisión de pruebas hasta la predicción de los resultados de los casos y la ayuda en las decisiones de condena siempre articulando de modo correcto con las garantías constitucionales de todo proceso judicial. Esto no solo puede acelerar la resolución de los casos y reducir la carga de trabajo de los jueces, sino que además la IA puede aumentar las capacidades de los profesionales del Derecho al encargarse de tareas rutinarias y que consumen mucho tiempo, permitiéndoles concentrarse en aspectos más estratégicos de su trabajo.
El aumento de la eficiencia, la coherencia en la tramitación de los casos similares y la posible reducción de costos son algunas de las ventajas más palpables que conlleva el uso de la IA en procesos judiciales. Sin embargo, las desventajas podrían implicar la dependencia de la tecnología o una confianza excesiva en sus resultados sin verificar su consistencia y legalidad, el posible desplazamiento de puestos de trabajo menos calificados y el riesgo de procesos de toma de decisiones opacos si el funcionamiento de la IA no es totalmente comprensible para sus usuarios, y por la tanto minimizadas sus posibles fallas.
Otro aspecto importante a tener en cuenta son los sesgos algorítmicos. Si los sistemas de IA se entrenan con decisiones judiciales pasadas o con datos que reflejan sesgos históricos, pueden perpetuar o amplificar estos sesgos en sus resultados, por lo tanto, es esencial auditar y actualizar continuamente los sistemas de IA para garantizar que sigan siendo justos e imparciales. Por otro lado, deben implementarse medidas estrictas de protección de datos, incluida la anonimización de datos, el almacenamiento seguro de datos y la limitación del acceso a información sensible. La normativa debe garantizar que los datos utilizados en los sistemas de IA se manejen de forma ética y de conformidad con las leyes de privacidad. Un buen ejemplo de esto es el Manual de Recomendaciones para una Inteligencia Artificial fiable, las cuales deben ser analizadas y aplicadas según el ámbito de uso.
A largo plazo, la IA tiene el potencial de transformar el sistema judicial en una institución más eficiente, justa y accesible, pero no se debe olvidar que esto también significa que los profesionales tendrán que adaptarse adquiriendo nuevas habilidades relacionadas con la gestión y la interpretación de la tecnología, y las sentencias finales deben seguir siendo competencia de profesionales del Derecho formados para garantizar que la justicia no pierda su contenido humano.
Esencialmente la IA es una herramienta que utilizada del modo correcto podría mejorar la administración de justicia pero requiere una integración cuidadosa para garantizar que la tecnología apoye, y no sustituya, el juicio humano. La implementación de la IA en el sistema judicial argentino representa un paso importante hacia la modernización y la optimización de la justicia manteniendo el objetivo de fortalecer la igualdad ante la ley y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Por Pablo Gagliardo, VP Noventiq Latinoamérica
