En las últimas horas fueron convocadas, en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires, las UEGD (Unidades Educativas de Gestión Distrital) en las que participan los consejeros escolares, las autoridades educativas de cada municipio y la representación sindical de docentes y auxiliares. El objetivo es, en cada caso, discutir el llamado Plan Jurisdiccional de Buenos Aires para un “regreso seguro a las clases presenciales”.
En distritos donde la circulación del virus continúa siendo preocupante, los inspectores e inspectoras regionales y distritales informaron, sorpresivamente, que en base al resultado de evaluación epidemiológica que realizó el Ministerio de Salud provincial algunos de los municipios más poblados del conurbano bonaerense se encuentran en un “Nivel Medio” para riesgos de contagio.
Es notable que comunicados que hablan de “clases presenciales” se apuren en contradecirse afirmando que se trata de “Actividades Educativas no Escolares” o “socioeducativas”, utilizando las “rúbricas” del Consejo Federal de Educación, que se reunirá durante este miércoles.
Las actividades que se realizarían en las escuelas no son para nada claras. Como si a las y los docentes no les sobrara trabajo (con las nuevas disposiciones que pretenden hacer recaer en sus espaldas una crisis educativa cuyos alcances no es posible prever), en modo potencial se “citarían” a trabajadores de distintas ramas y modalidades. Una nueva incertidumbre para la familia de los trabajadores de la educación. Las actividades inciertas estarían dirigidas a los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria.
La documentación girada rápidamente por grupos de Whatsapp, no aclara nada: ¿quién proveerá los elementos de cuidado sanitario para cada estudiante y trabajador? ¿Cómo se medirá la temperatura de cada uno que ingrese? ¿Cómo se actuará frente a chicos que no cuenten con su declaración jurada y no estén acompañado de sus padres?
Las experiencias que indican el riesgo de este intento de “vuelta a las aulas” se demostró como un fracaso allí donde se intentó. Es el caso de numerosos países de Europa. Por caso, el anticuarentena Larreta y su ministra Acuña lograron abrir apenas un puñado de escuelas -con tasas de asistencia ínfimas-, que debieron volver atrás luego de varias situaciones de contagio. La resistencia activa de docentes, auxiliares, alumnos y familias impidió que se convirtiera a las escuelas en focos de infección.
Pretender cerrar las diferencias educativas que se profundizaron con actividades supuestamente “optativas”, donde la presión de armar “proyectos” (con una docencia hastiada) recae sobre cada escuela y sus equipos directivos, no es otra cosa que forzar una farsa. Detrás de la intención “inclusiva”, los intendentes y la DGCyE de Agustina Vila dan rienda suelta fundamentalmente para que la educación privada haga y deshaga a su antojo, vulnerando todos los derechos de sus trabajadores. No todas las escuelas -muchísimo menos las de gestión pública- cuentan con espacios recreativos o campos de deporte. Por el contrario, con obras que avanzaron discrecionalmente y a cuentagotas, la derruída infraestructura que legó Vidal está prácticamente intacta. La desigualdad mostrará pibes que están dentro y pibes que están fuera de las posibilidades de una “revinculación” injusta, por fuera de las buenas intenciones de educadores que pretenden sostener la trayectoria de sus alumnos.
Las profunda crisis educativa no contó con ningún plan de contingencia por parte del gobierno de Kicillof y los intendentes: no se garantizó el acceso a internet, ni la liberación de datos, se repartieron una cantidad magra de computadoras (lejísimos de las necesidades de alumnos y docentes), no se garantizó plataformas únicas educativas para mayor seguridad laboral. De la crisis educativa, el Estado es el único responsable.
Las direcciones de FUDB, encabezado por Suteba, como las de ATE y UPCN se apuraron en firmar resoluciones hechas a la medida de las exigencia de la educación privada, las patronales y las presiones políticas para terminar de liquidar una cuarentena. Con el gancho estampado, convocaron reuniones de delegados, donde pretenderán ratificar lo hecho. El FUDB sigue actuando sin ningún mandato: pretenden poner a los sindicatos como garantes de esta verdadera improvisación educativa.
Otro ha sido el carril que tomaron los Sutebas Multicolor que rechazaron, allí donde hubo asambleas, este regreso.
Debemos realizar el esfuerzo de convocar asambleas y reuniones virtuales por escuela. Recoger los mandatos con nuestras demandas y el rechazo a esta intentona. Garantizar la deliberación que las direcciones sindicales no pretenden convocar.
Ninguna de las condiciones planteadas en el Plan Jurisdiccional de Kicillof y Vila se cumple -ni edilicias, ni sanitarias, ni de personal necesario-.
No a la vuelta a clases presenciales. Promovemos Comisiones de Higiene y Seguridad de cada escuela.
Conectividad y dispositivos gratuitos para alumnos y docentes.
Creación de todos los cargos de docentes (referente ESI, Jefe de Departamento, Horas Institucionales, MIP) y auxiliares necesarios según POF y reforzados frente a las necesidades que plantea la pandemia. Basta de sobrecarga laboral.
