Además, sobre ese saldo, se aplicará una tasa de interés que incluso incluirá un plazo de 60 días que compense la diferencia entre la fecha de facturación y el efectivo pago.
Esa resolución es absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria, porque los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso. En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno Nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva.
Resulta insólito, señaló Polino, “que a los tarifazos que se han venido aplicando hasta la fecha, más el nuevo aumento que comenzó a regir a partir del 1° de octubre, pero cuyo porcentaje aún se desconoce, a la eliminación de la bonificación por menores consumos, a la quita parcial de beneficios que tenía la Tarifa Social, a la reducción de beneficios a entidades de bien público, se agrega ahora, este nuevo tarifazo, que pasa a ser claramente abusivo, arbitrario, inconstitucional, y confiscatorio”.
“Por tales razones, el representante de CONSUMIDORES LIBRES, considera que el Congreso Nacional debe tomar cartas en el asunto, dejando sin efecto dicha resolución, porque la provisión del gas natural es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país y cuyas tarifas deben ser razonables, progresivas, transparentes y proporcionales a la capacidad de pago de los usuarios”, concluyó Polino